NACIONALES

DESDE EL 2017 SE HAN DETENIDO 50 PERSONAS POR INGRESAR OBJETOS A LAS CÁRCELES DEL PAÍS.

Organizaciones delictivas que ofrecen dinero a cambio de artículos.

El ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, como celulares, droga, dinero y licor es el delito en el que se ven involucrados los agentes penitenciarios, policías y funcionarios públicos en el país.

De acuerdo a las investigaciones, el personal es reclutado por los líderes de al menos 23 organizaciones delictivas que ofrecen dinero a cambio de estos artículos y que operan en las cárceles del país.

Los familiares de los presos también ingresan objetos prohibidos.

El ingreso de los objetos se hace camuflándolos en el cuerpo, zapatos, chalecos y en automóviles, según inteligencia policial. El pasado 17 de febrero, 26 personas fueron detenidas por permitir el ingreso de una ambulancia con televisores, nevera, licor y armas de fuego.

En ese caso, los investigadores detectaron que la mercancía iba para el reo Jorge Luis Z, alias JL, líder de la banda de Los Choneros. Pero ese no es el único caso. Dos funcionarios públicos fueron aprehendidos el viernes pasado en el exterior de la penitenciaría de Guayaquil.

Ellos conducían el vehículo donde estaban escondidos 11 celulares, cargadores, audífonos, carne asada y licor. Hoy ellos están con prisión preventiva por el presunto delito de ingreso de objetos prohibidos. Los agentes dicen que las mafias ofrecen altas sumas de dinero para que ingresen celulares, drogas y armas a las cárceles.

Ernesto Pazmiño, director nacional de Rehabilitación, lo confirma y sostiene que ese delito es un negocio “lucrativo”. Aunque Pazmiño no habla de precios, los fiscales dicen que ingresar un celular a las celdas puede costar hasta USD 1 200. Entre el 2017 y 2019, 14 guías penitenciarios fueron detenidos por ingresar objetos prohibidos a nivel nacional.

En ese mismo período, también se detuvo a 27 policías y nueve funcionarios públicos. El 1 de junio de 2016, ocho agentes penitenciarios fueron arrestados por la Policía. Ellos escondían celulares en la suela de las botas. El fiscal César Peña, que llevó el caso a juicio, detalló que un teléfono costaba entre USD 500 y USD 1 200 según el modelo.

Un miembro de esa red delictiva tenía un familiar zapatero, que modificaba las botas que luego eran intercambiadas con los reos. Para Pazmiño, los nexos de ciertos agentes de seguridad con las mafias en las penitenciarías se deben “a la debilidad ética y moral”. Y asegura: “Los guías no han sido capacitados debidamente”. El 29 de enero pasado, un agente penitenciario fue detenido en el Centro Regional de Latacunga por intentar ingresar 308 gramos de marihuana.

El narcótico estaba oculto en sus partes íntimas. Durante la audiencia de formulación de cargos, el agente acusado recibió medidas cautelares y se acogió a un proceso directo. Pero en los exteriores de la penitenciaría de Guayaquil se habla también de otros delitos que no son denunciados por temor. Los familiares de los presos mencionan el abuso de poder y el cobro de dinero para extender las visitas conyugales o facilitar celdas privadas por USD 30.

Según Inteligencia policial, los guías y policías involucrados en delitos se acogen al derecho al silencio cuando son descubiertos. De esta forma no delatan a quién o a quienes los reclutó. El 29 de diciembre del año pasado, un custodio fue detenido en la cárcel de Santo Domingo. Tenía una carpeta con documentos y USD 60 pegados en su cuerpo.

Pazmiño sostiene que para combatir el problema necesitan más psicólogos y terapeutas para una atención personalizada de los reos y así evitar la conformación de bandas y redes delictivas al interior de las cárceles. “No hay procesos adecuados de rehabilitación. Únicamente se pone candados y barrotes y eso genera lo que está sucediendo. La conformación de bandas se debe a que no tienen otra cosa que hacer”, afirma el funcionario y asegura que se trabaja más en rehabilitación.

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